POLÍTICA

Senador Bianchi presentó proyecto que busca limitar beneficios cautelares de acusados por delitos sexuales y alta connotación

Tras el dictamen de la Corte de Apelaciones de Rancagua que revocó la prisión preventiva de Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, quien se encuentra imputado por cuatro delitos de abuso sexual impropio y que ahora deberá cumplir arresto domiciliario total previo pago de una caución de 150 millones de pesos, el senador independiente por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, Karim Bianchi, presentó un proyecto de ley que busca prohibir que imputados por delitos sexuales y de alta connotación, entre otros, puedan acceder al beneficio de reemplazo de prisión preventiva por una caución económica.

El parlamentario señaló que “cárcel para los pobres y libertad para los poderosos, esto no es una consigna, es una realidad, donde las clases de ética no son más que una muestra de las puertas que abre el dinero cuando de enfrentarse a la justicia se trata. Es por eso que buscamos prohibir que los imputados por delitos sexuales, contra la vida, económicos y de alta connotación o complejidad puedan acceder al beneficio de reemplazo de la medida cautelar de prisión preventiva por una caución económica”.

En el mismo sentido, Bianchi explicó que “acá yo no estoy atribuyéndole culpabilidad a nadie, sino que ante algunos delitos que revisten de alta peligrosidad la gente siente que hay una justicia para ricos, donde se puede pagar, y otra para pobres, que van a la cárcel. Pero esto no solo apunta a delitos sexuales, sino que también a otros de connotación mayor, como asesinatos o terrorismo, por ejemplo, y que sean relevantes, entonces, va más allá de personalizar esto en alguien en particular. Espero que la Comisión de Constitución tome este proyecto que no tuvo interés en otros senadores, que la senadora y presidenta de la Comisión, Luz Eliana Ebensperger, tenga la deferencia de tramitarlo”.

Respecto a la iniciativa, el congresista agregó que “lo que buscamos es prohibir que los imputados por delitos sexuales, contra la vida, económicos y de alta connotación o complejidad puedan acceder al beneficio de reemplazo de la medida cautelar de prisión preventiva por una caución económica, cuando esta hubiere sido o debiere ser impuesta únicamente para garantizar la comparecencia del imputado al juicio y a la eventual ejecución de la pena. En general, el sistema debería aceptar esta medida en ciertos delitos que son, por ejemplo, eminentemente patrimoniales, pero resulta improcedente pensar que imputados por delitos que atenten contra bienes jurídicos protegidos tan relevantes como la vida, la indemnidad sexual, la libertad sexual, el patrimonio fiscal o contra la libertad ambulatoria puedan acceder a este tipo de beneficios. El derecho penal no puede transformarse en un asunto de dinero y la justicia debe generar la sensación de igualdad ante la ley, que hasta hoy, no se ha dilucidado”.

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